Preguntas de entrevista para Arquitecto

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Soy arquitecta habilitada: cursé el Grado en Fundamentos de la Arquitectura, 300 ECTS, y después el Máster habilitante en Arquitectura verificado conforme a la Orden EDU/2075/2010, que es el título que confiere las atribuciones. Estoy colegiada con el número XX.XXX en el Colegio Oficial de Arquitectos de [Demarcación], en situación de ejerciente, y tengo el seguro de responsabilidad civil profesional en vigor a través de la póliza colectiva del colegio. En la práctica, eso significa que puedo redactar y firmar proyectos básicos y de ejecución de los usos del artículo 2.1.a) de la LOE, asumir la dirección de obra, suscribir el certificado final junto con la dirección de la ejecución y emitir certificados e informes técnicos. Lo he hecho en 22 proyectos de ejecución visados y 14 obras dirigidas. Si mi título fuera anterior al EEES lo diría igual de claro: el título de Arquitecto conserva plenas atribuciones y tiene declarada la correspondencia con el nivel de Máster del MECES.

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Son dos agentes distintos de la Ley 38/1999, con funciones y responsabilidades separadas, y trabajamos juntos dentro de la dirección facultativa. Como directora de obra dirijo el desarrollo de la obra en sus aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, verificando que lo que se construye se ajusta al proyecto, a la licencia y al contrato; resuelvo las consultas de obra, ordeno por escrito en el libro de órdenes, autorizo o rechazo modificaciones y respondo de la adecuación de la obra al fin propuesto. El arquitecto técnico es el director de la ejecución de la obra: verifica la recepción en obra de los productos de construcción y su control de calidad, comprueba replanteos, materiales y correcta ejecución material de las unidades, y elabora y suscribe las certificaciones parciales y la liquidación final. El certificado final de obra lo firmamos los dos, cada uno por su parte. Yo nunca describo como mío el trabajo del aparejador, entre otras cosas porque las responsabilidades y los plazos de garantía de la LOE se reparten en función de esa distinción.

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Trabajo sobre todo en tres líneas. Residencial colectivo, con el caso más representativo de un edificio de 64 viviendas de protección pública, local y dos plantas de garaje, 8.940 m² construidos y 7,8 M€ de presupuesto de ejecución material, en el que fui proyectista y directora de obra. Equipamiento público de escala media, con un centro de día de 2.400 m² adjudicado por concurso. Y rehabilitación de edificio existente, que hoy es la mitad de mi facturación: 18 intervenciones y 12,6 M€ acumulados, seis de ellas rehabilitaciones energéticas de envolvente en comunidades de propietarios con reducciones certificadas de consumo de energía primaria no renovable de entre el 42 % y el 61 %. En total, 48.500 m² con proyecto propio, 31,4 M€ de PEM dirigidos y una desviación media de coste del +3,1 % y de plazo del +6 % sobre lo contratado.

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Separo dos trámites que a menudo se confunden. El visado es colegial y sigue siendo obligatorio, conforme al Real Decreto 1000/2010, para el proyecto de ejecución de edificación de los usos del artículo 2.1 de la LOE y para el certificado final de obra, además del proyecto de demolición. Comprueba mi identidad y habilitación y la corrección e integridad formal de la documentación, no el acierto técnico del proyecto. Lo preparo con la documentación completa y ordenada, porque una subsanación de visado retrasa la salida a obra. La licencia es municipal y se tramita normalmente con el proyecto básico: reviso el planeamiento, la ordenanza y los condicionantes del solar antes de dibujar nada, y entrego con la justificación urbanística explícita para reducir requerimientos. En las comunidades y supuestos en que se ha sustituido la licencia por la declaración responsable urbanística, extremo la comprobación previa, porque el peso recae en mi certificación y el control municipal es posterior; y tengo presente que la legislación estatal sigue reservando el acto expreso para la obra de nueva planta y otros supuestos tasados. En mis últimos 22 expedientes la media ha sido de 1,3 rondas de subsanación.

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Es hoy mi línea de trabajo más activa. He redactado 9 Libros del Edificio Existente y 4 informes de evaluación del edificio, y he dirigido seis rehabilitaciones energéticas de envolvente en comunidades de propietarios, 312 viviendas en total y 4,1 M€ de presupuesto de ejecución material, con SATE, sustitución de carpinterías y cubierta invertida. En todas ellas tramité las ayudas del programa de edificios del Real Decreto 853/2021, que exige acreditar la reducción del consumo de energía primaria no renovable con certificados energéticos antes y después, y el porcentaje de ahorro determina el tramo de subvención. Mis expedientes se movieron entre el 42 % y el 61 % de reducción y todos obtuvieron resolución favorable. Además del cálculo, buena parte del trabajo es de gestión: explicar la derrama a la junta de propietarios, coordinar al administrador de fincas, ordenar la documentación de la comunidad y sostener el calendario de la convocatoria autonómica, que suele ser el cuello de botella real.

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En el edificio de 64 viviendas apareció un hallazgo arqueológico durante el vaciado. Paralicé la excavación en la zona afectada, lo comuniqué por escrito a la propiedad y al servicio de patrimonio de la comunidad autónoma el mismo día y reorganicé el plan de trabajo para atacar la otra mitad del solar mientras se resolvía la cautela arqueológica. Con el informe favorable redacté un modificado que recogía la excavación arqueológica y el ajuste de cimentación, lo tramité y lo aprobó la propiedad antes de continuar. El resultado fueron siete semanas de retraso y un +2,4 % sobre el presupuesto de adjudicación, cuando la previsión inicial del incidente era de tres meses. Lo que aprendí y sistematicé después es la comprobación previa: desde entonces, en cualquier solar en casco histórico incluyo la consulta a la carta arqueológica municipal en la fase de estudio de viabilidad, antes del anteproyecto.

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Modelo en Revit, y en ArchiCAD cuando lo pide el cliente o el equipo. En los encargos con requisitos contractuales BIM he redactado tres planes de ejecución BIM con definición de usos, LOIN y matriz de responsabilidades, siguiendo la serie UNE-EN ISO 19650 y trabajando sobre un entorno común de datos con nomenclatura y flujo de aprobación acordados. La coordinación la llevo con reuniones quincenales de disciplinas y federación del modelo con estructura e instalaciones, revisando interferencias en Navisworks y Solibri. En el último expediente pasamos de 214 interferencias detectadas a 12 antes de la salida a obra, y las que quedaron se resolvieron con detalle constructivo, no en obra. Insisto en algo: el modelo no sustituye al proyecto. La documentación que se visa y que rige la obra sigue siendo la del proyecto de ejecución, y cuido que planos, memoria y mediciones sean coherentes con el modelo, no una exportación sin revisar.

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Vengo de nueve años en estudio, donde he recorrido el ciclo completo del proyecto y he asumido dirección de obra en catorce expedientes. Lo que busco ahora es continuidad de encargo y trabajar sobre una cartera con más escala y más recorrido en el tiempo, que es exactamente lo que ofrece su posición. Me interesa además que aquí la rehabilitación no sea un complemento sino una línea principal, porque es donde más he crecido y donde creo que está el trabajo de la próxima década en España. No me voy huyendo de nada: cierro los expedientes abiertos, entrego la documentación ordenada y mantengo la relación con el estudio, que es pequeño y donde he aprendido a proyectar. Lo que aporto es un perfil que sabe defender el proyecto ante un jurado y también justificar una partida ante una junta de propietarios.

El proyecto básico define las características generales de la obra mediante la adopción y justificación de soluciones concretas: implantación, volumetría, uso, superficies, cumplimiento urbanístico y justificación de la normativa aplicable en lo que es determinante para la licencia. Es el documento con el que habitualmente se solicita la licencia municipal, pero es insuficiente para construir. El proyecto de ejecución desarrolla el básico y contiene la definición completa de la obra: memoria constructiva y de instalaciones, justificación detallada del CTE, cálculos, documentación gráfica con detalles, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto, estudio de seguridad y salud y estudio de gestión de residuos. Es el que se visa con carácter obligatorio conforme al Real Decreto 1000/2010 y el que rige la ejecución. En la práctica, la trampa habitual es empezar la obra con básico y desarrollar el de ejecución sobre la marcha; se puede hacer, pero encarece y genera órdenes de cambio, y así lo advierto siempre por escrito a la propiedad.

El CTE se organiza en seguridad estructural con DB-SE y sus documentos de acciones, cimientos, acero, fábrica y madera; seguridad en caso de incendio con DB-SI; seguridad de utilización y accesibilidad con DB-SUA; salubridad con DB-HS, que incluye humedad, residuos, calidad del aire, suministro de agua, evacuación y protección frente al radón; protección frente al ruido con DB-HR; y ahorro de energía con DB-HE. El que más trabajo me da en obra es el DB-HR, porque el aislamiento acústico depende de la ejecución real de encuentros, pasos de instalaciones y bandas elásticas, y cualquier descuido en un tabique o en una bajante arruina un cálculo correcto. El segundo es el DB-HE en su parte de puentes térmicos y hermeticidad: se proyecta bien y se estropea en obra si nadie vigila la continuidad de la barrera. Por eso en ambos casos preparo detalles constructivos específicos y los reviso en visita antes de que se cierren los trasdosados.

El DB-HE fija en HE0 la limitación del consumo energético, en HE1 las condiciones para el control de la demanda con valores límite de transmitancia y de permeabilidad al aire, en HE2 las condiciones de las instalaciones térmicas remitiendo al RITE, en HE3 la iluminación, en HE4 la contribución mínima de energía renovable para agua caliente sanitaria, en HE5 la generación mínima de energía eléctrica y en HE6 las dotaciones mínimas de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. Un edificio de consumo de energía casi nulo es, en el marco español, el que cumple esas exigencias en su redacción vigente, es decir, muy baja demanda gracias a la envolvente y a la estrategia pasiva, alta eficiencia de las instalaciones y cobertura del consumo restante con renovables, en buena parte in situ. En mi trabajo esto se traduce en un orden de decisiones: primero compacidad, orientación, protección solar y aislamiento continuo; después hermeticidad y ventilación con recuperación de calor; y solo al final, dimensionar equipos. Cuando se hace al revés, el edificio cumple sobre el papel y consume de más en uso.

Parto de que la exigencia de accesibilidad es doble: el DB-SUA en su sección 9 para lo que se proyecta, y el deber de accesibilidad universal del texto refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad, que impone ajustes razonables en lo existente. En un edificio consolidado estudio por este orden: itinerario accesible desde vía pública hasta el ascensor, ocupación de patio o de hueco de escalera, reducción de mesetas, ascensor de dimensiones reducidas homologado, plataforma elevadora vertical cuando no cabe cabina, y salvaescaleras solo como último recurso porque es la peor solución de uso. Documento siempre las alternativas descartadas y por qué, porque esa memoria es la que sostiene la solución ante la administración y ante la comunidad. Y recuerdo a la propiedad que la Ley de Propiedad Horizontal obliga a la comunidad a ejecutar las obras de accesibilidad requeridas por propietarios con discapacidad o mayores de setenta años cuando el importe no supera doce mensualidades ordinarias de gastos comunes descontadas las subvenciones, dato que casi siempre desbloquea la votación.

Es la garantía por daños materiales causados por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales y que comprometan la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio, con una cobertura de diez años desde la recepción. La contrata el promotor y es exigible para los edificios cuyo destino principal sea el de vivienda, con la conocida excepción del autopromotor de una única vivienda unifamiliar para uso propio, que si vende antes de los diez años debe contratarla salvo pacto expreso con el comprador. Para poder emitir la póliza, la aseguradora exige la intervención de un organismo de control técnico que audita el proyecto y hace un seguimiento de la ejecución de la estructura y la cimentación; sus informes condicionan la aceptación del riesgo. En mi trabajo esto significa entregar la documentación estructural en un formato auditable desde el principio y resolver las observaciones del OCT antes de hormigonar, no después. Junto a esta garantía, la LOE prevé responsabilidades de tres años por vicios de habitabilidad y de un año por defectos de acabado.

El Libro del Edificio recoge, conforme al artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, el proyecto con las modificaciones debidamente aprobadas, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido y las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones. Lo forma el director de obra y lo entrega el promotor a los usuarios finales al término de la obra; es la memoria documental del edificio y la base de cualquier reclamación posterior. El Libro del Edificio Existente es otra cosa y aparece en el contexto de la rehabilitación: es un documento de diagnóstico y planificación sobre un edificio ya construido, que analiza su estado, su comportamiento energético y sus necesidades de intervención, y que ha sido objeto de ayudas específicas dentro del programa de rehabilitación residencial del Real Decreto 853/2021. En un caso se documenta lo que se ha hecho; en el otro se planifica lo que hay que hacer.

Empiezo por el régimen jurídico: nivel de protección en el catálogo municipal o declaración de bien de interés cultural conforme a la Ley 16/1985 y a la ley de patrimonio de la comunidad autónoma, y determinaciones del plan especial de protección si el edificio está en conjunto histórico. Después, conocimiento del edificio antes de proyectar: estudio histórico y documental, levantamiento riguroso, habitualmente con escáner láser o fotogrametría, catas de pavimentos, revocos y estructura, y análisis de patologías. Solo entonces defino la intervención, con dos criterios que son ley y no gusto personal: se evita la reconstrucción mimética, y las adiciones necesarias deben ser reconocibles y no inducir a confusión, además de reversibles siempre que sea posible. La tramitación pasa por la comisión territorial de patrimonio, y ahí el margen se gana con documentación: una memoria que explique el edificio y justifique cada decisión reduce muchísimo el riesgo de informe desfavorable. En mis dos últimas intervenciones en inmueble con protección estructural obtuve informe favorable en la primera comisión.

Para hormigón, acero y estructuras mixtas se aplica el Código Estructural aprobado por el Real Decreto 470/2021, que sustituyó a la EHE-08 y a la EAE alineándose con los Eurocódigos, junto con los documentos de seguridad estructural del CTE, DB-SE y DB-SE-AE para acciones, DB-SE-C para cimientos y los correspondientes de acero, fábrica y madera; la acción sísmica se comprueba con la norma sismorresistente aplicable. Mi papel como arquitecta es de predimensionado y de decisión de sistema: modulación, cantos, luces, tipo de forjado, transiciones y compatibilidad con instalaciones y con la envolvente. El cálculo detallado lo firma el estructurista, y la coordinación funciona cuando le entrego geometría cerrada y condicionantes claros, incluida la geotecnia, y cuando reviso sus resultados desde la constructibilidad y no solo desde la comprobación. Un ejemplo concreto: en un centro de día ajusté la modulación de pilares y cambié losa maciza por losa aligerada en fase de proyecto básico, con validación del estructurista, y la propiedad ahorró 210.000 € sin perder programa.

Paro la actividad afectada y lo dejo escrito el mismo día en el libro de órdenes, con comunicación a la propiedad, al constructor y al director de la ejecución de la obra. Pido reconocimiento adicional del terreno, normalmente calicatas o sondeos complementarios, y traslado el resultado al autor del estudio geotécnico y al estructurista para que se pronuncien sobre la validez de la cimentación proyectada. Con su informe, valoro las alternativas y cuantifico coste y plazo de cada una antes de proponer nada a la propiedad, porque una decisión de cimentación tomada con prisa se paga durante toda la obra. Si el cambio es sustancial, se formaliza como modificado con su tramitación correspondiente. Y mientras tanto, reorganizo el plan de trabajo para que el resto de la obra no se detenga si es posible hacerlo con seguridad.

Digo que no, y lo digo sin rodeos. La firma no es un trámite: implica autoría, responsabilidad civil durante los plazos de garantía de la LOE y responsabilidad deontológica ante el colegio, que sanciona la cesión de firma como falta grave. Ofrezco siempre la alternativa legítima: si el proyecto está bien planteado, puedo revisarlo íntegramente, asumirlo como propio con las modificaciones que considere necesarias y firmarlo como redactora real, con el tiempo y los honorarios que eso requiere; y si se trata de una obra ya ejecutada, puedo emitir un informe técnico sobre su estado, que es un documento distinto de un certificado final de obra. He perdido algún encargo por esto y considero que es la parte del trabajo que no se negocia. Añado además un argumento práctico que suele funcionar: una firma de complacencia deja al promotor sin cobertura real si aparece un daño, porque el conflicto acabará en un procedimiento donde se examinará quién hizo qué.

Primero separo el problema técnico del problema económico. Técnicamente, defino qué parte de la obra puede quedar en una situación estable y segura si hay que fasear, y qué partidas no admiten interrupción sin riesgo o sin sobrecoste posterior; eso lo pongo por escrito para el administrador y para la junta. Económicamente, preparo una comparecencia en junta con tres escenarios cuantificados: continuidad, faseado y paralización, con el coste de cada uno incluido el coste de mantener el andamio y el riesgo de perder la subvención por incumplimiento de plazos de la convocatoria. Mi experiencia es que la mayoría de los bloqueos se resuelven cuando los propietarios ven el importe de la paralización y el de la ayuda que se pierde, porque hasta entonces solo han visto el importe de la derrama. Si aun así la junta decide parar, lo acato, lo documento y dejo constancia de las consecuencias técnicas advertidas.

Lo trato como una propuesta técnica, no como un favor ni como una afrenta. Pido la propuesta por escrito con la ficha del producto, marcado CE, prestaciones declaradas y precio, y la comparo con lo proyectado en los parámetros que realmente importan en ese elemento: comportamiento frente al fuego, transmitancia y continuidad del aislamiento, aislamiento acústico, durabilidad, mantenimiento y compatibilidad con el resto del sistema. Si es equivalente o mejor, la acepto, lo comunico a la propiedad y al director de la ejecución, y lo dejo reflejado por escrito con el ajuste económico correspondiente, que debe repercutir a quien paga y no quedarse en el margen del contratista. Si no es equivalente, la rechazo por escrito explicando qué exigencia del CTE dejaría de cumplirse. Lo que nunca hago es aceptarlo de palabra en una visita de obra: todo cambio de material tiene que quedar trazado.

Actúo en el momento y por escrito. Ordeno la suspensión de esa unidad en el libro de órdenes, lo comunico al constructor, al director de la ejecución de la obra y a la propiedad, y documento con fotografías y mediciones lo ejecutado. Después valoro si lo hecho es admisible con corrección, si exige demolición parcial o si puede legalizarse mediante una solución técnica alternativa justificada, y traslado a la propiedad las consecuencias de coste y plazo de cada opción. Si hay riesgo para la seguridad, la paralización es inmediata y sin matices. Evito el reproche personal y me centro en el procedimiento: en obra, lo que no está escrito no ha ocurrido, y una orden verbal que no se recoge en el libro deja de existir el día que aparece un problema.

Me niego a iniciar la obra y lo explico con las consecuencias en la mano: la actuación sin título habilitante expone al promotor a la paralización, al expediente de disciplina urbanística y a la sanción, y en el peor escenario a una orden de restitución; a mí me expone además a responsabilidad profesional y deontológica. Lo que sí ofrezco es todo lo que puede acelerarse legalmente: comprobar si la actuación concreta encaja en el régimen de declaración responsable de esa comunidad autónoma, adelantar trabajos que no requieren licencia de obra mayor, preparar el acta de replanteo, cerrar la contratación y despejar cuanto antes los requerimientos de subsanación con una visita al servicio técnico municipal. Lo dejo por escrito, siempre, porque cuando llega el problema la conversación de despacho no consta en ninguna parte.