Preguntas de entrevista para Asesor Fiscal

Respuesta modelo

Llevo 96 clientes con cartera propia: 61 sociedades limitadas con facturación de 400 k€ a 9 M€, 23 autónomos en estimación directa y 12 no residentes con inmuebles en la costa. La cuota tributaria agregada ronda los 4,8 M€ anuales. Firmo yo las presentaciones periódicas y los cierres, y elevo al socio solo dos supuestos: las operaciones de reestructuración y cualquier expediente en el que la contingencia supere los 100.000 €. Del ciclo completo me ocupo de principio a fin, desde el alta censal por el modelo 036 hasta la renta del socio, pasando por el Impuesto sobre Sociedades y el IVA en SII de once clientes en REDEME.

Respuesta modelo

Es cierto que no hay colegiación obligatoria ni título habilitante, así que respondo con lo que sí es verificable. Formación: doble grado en Derecho y ADE y máster en tributación y asesoría fiscal. Pertenencia: soy miembro de la AEDAF desde 2019 y del REAF-CGE, con las horas de formación continua al día, y estoy colegiado en el Colegio de Economistas. Responsabilidad: tengo póliza de responsabilidad civil profesional de un millón de euros por siniestro. Y experiencia contrastable: once años de cartera propia, 34 reclamaciones ante el TEAR con un 71 % de estimación total o parcial y ninguna sanción firme derivada de un error mío. Entiendo la pregunta como lo que es: si nadie me da un carné, tengo que traer las pruebas.

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Gané una comprobación limitada de IVA a un cliente del sector logístico: la Administración negaba la exención de unas entregas intracomunitarias por defecto de prueba del transporte. Reconstruí el soporte con CMR, contratos y extractos de cobro, invoqué la presunción del artículo 45 bis del Reglamento 282/2011 y la propuesta de liquidación de 148.000 € se archivó sin cuota. Perdí una reclamación ante el TEAR sobre la deducibilidad de la retribución de un administrador: la sociedad no tenía el cargo previsto como retribuido en estatutos y, aunque el Tribunal Supremo ha ido matizando la doctrina del vínculo, en ese caso el soporte societario era insalvable. Lo asumí, informé al cliente el mismo día de la resolución, evaluamos el recurso de alzada y decidimos no seguir. La lección fue de proceso: desde entonces reviso los estatutos de toda sociedad que retribuye a su órgano de administración al incorporar el cliente.

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Tengo una rutina fija, porque de otro modo la normativa gana. Reviso el BOE los primeros días de cada mes filtrando por materia tributaria y sigo las notas y circulares de la AEDAF, que es donde llegan antes los criterios prácticos. Cada semana dedico una hora a las consultas vinculantes de la DGT de mi especialidad y a las resoluciones del TEAC en unificación de criterio, y hago un seguimiento de las sentencias del Tribunal Supremo admitidas con interés casacional, que anticipan por dónde va a cambiar la doctrina. En el despacho mantengo una ficha viva por cliente con los criterios aplicados, de modo que cuando una resolución cambia el escenario sé exactamente a quién afecta. Este último año lo he concentrado en Veri*factu y la Ley Antifraude, en los tramos de cotización del RETA y en DAC 7.

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Trabajo con un calendario invertido: parto de la fecha límite de cada modelo, resto los días de revisión y de firma del cliente y fijo una fecha interna de cierre que siempre es al menos cinco días hábiles anterior. La documentación se pide en bloque el mes previo, con un segundo aviso automático y una fecha de corte a partir de la cual el cliente sabe que su declaración pasa al final de la cola. Priorizo por riesgo, no por orden de llegada: primero los clientes con SII, cuyo plazo de remisión es de cuatro días naturales, después las cuotas altas y las devoluciones, y al final las declaraciones informativas. Con esta disciplina llevo cuatro ejercicios con el 100 % de presentaciones dentro de plazo y sin un solo recargo del artículo 27 de la LGT imputable al despacho.

Respuesta modelo

Distingo tres planos. El plano de la diligencia: yo respondo de lo que puedo comprobar razonablemente, y por eso pido las declaraciones de los tres ejercicios anteriores, los extractos bancarios y el detalle de operaciones vinculadas antes de firmar nada. El plano documental: cuando un cliente afirma un hecho que no puedo verificar, lo recojo por escrito en un correo o en una hoja de encargo, con la advertencia expresa de las consecuencias si el dato no es correcto. Y el plano del límite: si descubro que se me ha ocultado información con relevancia tributaria, lo comunico, doy la oportunidad de regularizar mediante complementaria con el recargo del artículo 27 y, si el cliente se niega, renuncio al encargo por escrito y lo pongo en conocimiento del socio y de la aseguradora. Prefiero perder un cliente que exponer al despacho a una derivación de responsabilidad o a un expediente sancionador.

Respuesta modelo

Por techo técnico, no por conflicto. En mi despacho el 80 % del trabajo es cumplimiento periódico de pymes locales y la parte de procedimiento e internacional, que es donde más he crecido, aparece de forma esporádica. He llevado ya consolidación fiscal, precios de transferencia con una filial portuguesa y veintitrés expedientes de impatriados, y quiero que eso sea el centro de mi trabajo y no la excepción. Su despacho tiene esa cartera y un equipo que litiga ante el TEAC, que es exactamente el paso siguiente. Me marcho en buenos términos, con un plan de traspaso ordenado de mi cartera y respetando escrupulosamente el deber de no captación.

Es una entrega intracomunitaria de bienes exenta conforme al artículo 25 de la Ley del IVA, siempre que se cumplan tres condiciones: que mi cliente y el adquirente estén inscritos en el ROI y sus NIF-IVA sean válidos en el VIES, que exista transporte efectivo desde España a Francia y que yo pueda probarlo. La factura se emite sin repercutir IVA, con mención expresa a la exención y con ambos NIF-IVA. La prueba del transporte es donde se pierden estos expedientes, así que conservo CMR firmado por el destinatario, contrato de transporte y justificante de pago; si el transporte lo organiza el comprador, exijo además la declaración escrita del artículo 45 bis del Reglamento de Ejecución 282/2011. En cuanto a modelos: la operación va en el 303 como entrega intracomunitaria exenta, se declara en el modelo 349 con la clave E en el periodo que corresponda y se acumula en el 390 anual. Si se superan los umbrales de expedición, hay además obligación de Intrastat. Y si el cliente está en SII, los registros se remiten en el plazo de cuatro días naturales.

Son dos procedimientos distintos de la Ley General Tributaria con alcances y efectos muy diferentes. La comprobación limitada, regulada en los artículos 136 y siguientes, la desarrolla habitualmente Gestión Tributaria, se ciñe a un concepto y periodo concretos y tiene facultades restringidas: no puede examinarse la contabilidad mercantil salvo aportación voluntaria del obligado, ni requerir a terceros movimientos de cuentas. La inspección tiene facultades plenas, entra en contabilidad y en el domicilio de la actividad, y su alcance puede ser parcial o general. Al cliente le importa por dos motivos muy prácticos. El primero es el efecto preclusivo del artículo 140: dictada la resolución de una comprobación limitada, la Administración no puede volver sobre ese mismo objeto salvo que descubra hechos nuevos, lo cual da seguridad. El segundo es el riesgo sancionador y el plazo: el procedimiento inspector tiene una duración general de 18 meses, ampliable a 27 en determinados supuestos, e interrumpe la prescripción de los cuatro años del artículo 66. Por eso la estrategia cambia: en una comprobación limitada trabajo para cerrar el objeto con la mayor precisión posible; en una inspección, para acotar el alcance desde la comunicación de inicio.

Desde la Ley 27/2014 no hay límite temporal para compensar: las bases imponibles negativas pueden aplicarse sin plazo de caducidad. Lo que sí existe es un límite cuantitativo anual sobre la base imponible previa a la reserva de capitalización y a la propia compensación, con un mínimo que permite compensar en todo caso un millón de euros. El límite general es del 70 %, y para las grandes empresas se reduce en función del importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores: al 50 % a partir de veinte millones y al 25 % a partir de sesenta millones. Hay además reglas antiabuso que impiden la compensación cuando se adquiere una sociedad inactiva o vaciada. Y un punto que muchos olvidan: el derecho de la Administración a comprobar las bases imponibles negativas prescribe a los diez años desde el fin del plazo de declaración del ejercicio en que se generaron, de modo que la documentación soporte —contabilidad, cuentas anuales depositadas y la propia declaración— debe conservarse ese periodo completo, no los cuatro años ordinarios del artículo 66 de la LGT.

Es un régimen especial del IVA obligatorio para el comercio minorista cuando el titular es persona física o entidad en régimen de atribución de rentas cuyos socios sean personas físicas, y siempre que se vendan bienes sin transformación a consumidores finales. El funcionamiento es sencillo: el proveedor repercute al minorista, además del IVA correspondiente, el recargo —del 5,2 % en el tipo general, del 1,4 % en el reducido, del 0,5 % en el superreducido y del 1,75 % en el tabaco—, y a cambio el minorista queda liberado de las obligaciones de liquidación por esa actividad: no presenta el modelo 303 ni el 390 por ella, ni puede deducirse el IVA soportado. En la práctica esto tiene tres consecuencias que hay que explicar bien al cliente: el IVA soportado es mayor coste y no recuperable, conviene valorar si la forma societaria compensa precisamente para salir del régimen, y hay que vigilar las adquisiciones intracomunitarias e importaciones, que sí obligan a presentar el modelo 309.

Se activan tres frentes. Primero, la retención a cuenta: el comprador está obligado a retener el 3 % del precio de la transmisión e ingresarlo mediante el modelo 211 en el plazo de un mes desde la transmisión, entregando copia al vendedor. Segundo, la declaración del propio vendedor: la ganancia patrimonial se declara por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes mediante el modelo 210, con el tipo aplicable a residentes en la Unión Europea, Islandia y Noruega, y en el plazo de tres meses contados desde que finaliza el mes de que dispone el comprador para ingresar la retención; si la retención supera la cuota resultante, se solicita la devolución en esa misma declaración. Tercero, la tributación local: el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la llamada plusvalía municipal, con la opción entre el método objetivo y el de plusvalía real tras la reforma derivada de la jurisprudencia constitucional, y con el vendedor no residente como sustituto a considerar. Añado siempre dos comprobaciones: el convenio de doble imposición aplicable y el certificado de residencia fiscal en vigor del vendedor, porque de ellos depende el tipo y la eventual doble imposición.

Le digo que ese escenario ya no es viable. La Ley Antifraude introdujo la exigencia de que los sistemas informáticos de facturación garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, y el reglamento que la desarrolla concreta cómo: cada factura genera un registro de alta o de anulación encadenado con el anterior mediante huella o hash, firmado, con código QR en la factura y con la posibilidad de remitir los registros a la AEAT en tiempo real, que es la modalidad Veri*factu propiamente dicha. El calendario ya ha corrido: los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades quedaron obligados desde el 1 de enero de 2026 y el resto de obligados desde el 1 de julio de 2026, de modo que hoy el cliente está fuera de norma. Las consecuencias son de dos tipos: para el usuario, una sanción de hasta 50.000 € por ejercicio por tener sistemas que no cumplan, y para el fabricante o comercializador del programa, hasta 150.000 € por ejercicio y tipo de sistema. Mi recomendación práctica es migrar a un programa con declaración responsable del fabricante, revisar la numeración y series abiertas antes del cambio y formar a quien emite las facturas, porque el problema casi nunca es el software sino el hábito.

Le digo que no, y se lo digo por escrito el mismo día. Primero le explico el cuadro completo sin dramatismo: la omisión de ingresos es una infracción tributaria que puede calificarse como grave o muy grave, con sanciones de entre el 50 % y el 150 % de la cuota, y a partir de 120.000 € de cuota defraudada por impuesto y ejercicio entramos en el ámbito del delito contra la Hacienda Pública. Le recuerdo además que él no es el único expuesto: yo respondería como colaborador y el despacho también. Después le ofrezco la salida, que suele desactivar el problema: regularizar voluntariamente mediante declaración complementaria antes de cualquier requerimiento, con el recargo del artículo 27 de la LGT en lugar de sanción, y si hace falta pedir un aplazamiento a Recaudación para que el pago no le ahogue. Si aun así insiste, renuncio al encargo por escrito, dejo constancia de la advertencia y lo comunico al socio. He perdido dos clientes así en once años; los dos volvieron al año siguiente.

Actúo en el mismo orden siempre: verificar, comunicar, corregir y prevenir. Verifico primero el alcance real cruzando los libros registro con el VIES para saber qué operaciones y qué importes faltan y si hay incoherencias con el 303 ya presentado. Comunico al cliente y al socio ese mismo día, sin esperar a tener la solución completa, porque un error informado es un problema y un error descubierto por Hacienda es una crisis. Corrijo presentando los tres modelos 349 de forma extemporánea pero sin requerimiento previo, que es la clave: al tratarse de una declaración informativa no procede el recargo del artículo 27, sino la sanción del artículo 198 de la LGT, de 20 € por dato con un mínimo de 300 € y un máximo de 20.000 €, que se reduce a la mitad precisamente por presentarse sin requerimiento. Si el error es imputable al despacho, la sanción la asume el despacho y, según el importe, se comunica a la aseguradora de responsabilidad civil. Y prevengo: introduzco el 349 en el listado de control cruzado del cierre trimestral para que ninguna operación intracomunitaria del 303 pueda quedar sin su informativa correspondiente.

Lo primero es leerla y fechar el cómputo, no esperar a nadie. Compruebo el momento de la puesta a disposición y el del acceso, porque a partir de ahí corre el plazo, y calculo el vencimiento en días hábiles excluyendo sábados, domingos y festivos, con la precaución de que agosto sí es hábil en la vía administrativa tributaria, a diferencia de lo que ocurre en la vía contencioso-administrativa. Con la fecha límite en la mano, clasifico: si es un requerimiento de documentación, empiezo a recopilarla de inmediato y aviso al cliente el mismo viernes, porque el cuello de botella siempre está en él; si es una propuesta de liquidación o un trámite de audiencia, preparo el borrador de alegaciones y reservo la revisión del socio para su vuelta, dejando un margen de al menos tres días hábiles antes del vencimiento. Si el plazo no llegara, solicito la ampliación prevista en el artículo 91 del Reglamento general de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección, que permite hasta la mitad del plazo concedido si se pide antes de los tres días previos al fin. Y para el futuro, activo los días de cortesía en la Dirección Electrónica Habilitada de los clientes, que permiten señalar hasta treinta días naturales al año en los que la Administración no practica notificaciones electrónicas: es la herramienta que evita exactamente este susto en agosto.

La analizo con seriedad antes de opinar, porque no toda planificación es abusiva y descalificarla sin leerla me quitaría credibilidad. El examen lo hago en tres capas. Sustancia económica: si la operación solo se sostiene por su efecto fiscal y carece de motivo económico válido, estamos en el terreno del conflicto en la aplicación de la norma del artículo 15 de la LGT o, si hay ocultación del negocio real, de la simulación del artículo 16, con sanción. Obligaciones de información: si es un mecanismo transfronterizo con alguna de las señas distintivas de DAC 6, hay obligación de declararlo por los modelos 234, 235 o 236, y conviene que el cliente sepa desde el principio que aquello que se le vende como discreto es precisamente declarable. Y proporción entre ahorro y riesgo, cuantificada: cuota en juego, sanción potencial, intereses y coste de una eventual inspección de dieciocho meses. Entrego mi opinión por escrito con la doctrina de la DGT y del TEAC en la que me apoyo. Si el cliente decide seguir adelante con el otro despacho, dejo constancia de que la operación no se ejecuta bajo mi asesoramiento y de que no la respaldo.

Planteo números antes que negativas. Calculo mi capacidad real en horas de campaña y la reparto por tipo de cliente: un autónomo en estimación directa me consume unas ocho horas al año, una sociedad con IVA trimestral unas veinticinco y una sociedad en SII con operaciones intracomunitarias puede irse a sesenta. Con esa tabla enseño dónde se rompe el servicio y qué riesgo aparece: incumplimiento de plazos, recargos y errores en revisión. Después propongo tres palancas concretas en lugar de un no: automatizar la captura y conciliación con a3ASESOR y Power Query, que ya me ahorró un 66 % del tiempo de cierre trimestral de IVA; reasignar los clientes de puro cumplimiento a un junior con revisión mía; y depurar la cartera, porque en toda asesoría hay un 10 % de clientes que consumen el 30 % del tiempo y pagan honorarios de hace ocho años. Si aun así el encaje no sale, digo que no con el cálculo delante. Aceptar un volumen que no se puede servir termina en una sanción que paga el despacho.