Preguntas de entrevista para Psicólogo en España: respuestas modelo y criterios de evaluación

Respuesta modelo

Soy Psicóloga General Sanitaria. Cursé el Máster en Psicología General Sanitaria, título oficial de 90 ECTS verificado por ANECA, con 750 horas de prácticas externas en centros sanitarios, y accedí a él acreditando los 90 ECTS de carácter sanitario que exige la normativa dentro del Grado. Estoy colegiada en el Colegio Oficial de la Psicología de [comunidad] con el número [X-XXXXX] e inscrita en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios; mi consulta cuenta además con autorización sanitaria e inscripción en el registro autonómico de centros. Lo aclaro siempre de entrada porque no soy Psicóloga Especialista en Psicología Clínica: no hice el PIR, de modo que no puedo ocupar plaza de la especialidad en el Sistema Nacional de Salud ni denominarme psicóloga clínica, y trabajo dentro del marco que me corresponde. Traigo copia del título, del certificado de colegiación y del alta registral por si desean verificarlos.

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Fue una decisión meditada, no una alternativa de consuelo. Me presenté dos veces al PIR y en la segunda quedé fuera del corte por muy pocos puestos; con unas 250 plazas anuales para toda España, la competencia es de una dureza conocida. Elegí entonces el Máster en Psicología General Sanitaria porque me permitía empezar a atender pacientes con habilitación plena y construir mi propia práctica en el ámbito privado, que es donde quería trabajar a medio plazo. He compensado la formación estructurada que da la residencia con supervisión externa mensual desde el primer año, formación reglada en TCC de 600 horas, ACT y EMDR, y medición sistemática de resultados. Si en algún momento la trayectoria me llevara hacia la asistencia especializada pública, sé que el único camino es la residencia y volvería a presentarme.

Respuesta modelo

Trabajo con base cognitivo-conductual, con 600 horas de formación reglada, e incorporo ACT y EMDR según el caso, ambas con formación acreditada: 120 horas con supervisión en ACT y los Niveles I y II de EMDR acreditados por EMDR Europe a través de la Asociación EMDR España. La elección no es de escuela, es de indicación. En trastorno obsesivo-compulsivo aplico exposición con prevención de respuesta porque es el tratamiento con mayor respaldo, y mido con Y-BOCS. En depresión leve-moderada empiezo por activación conductual y sigo la evolución con PHQ-9 y BDI-II. En trauma con criterios de TEPT uso EMDR o exposición prolongada y mido con PCL-5. Cuando en ocho o diez sesiones no aparece cambio en las escalas, replanteo la formulación del caso con mi supervisora en vez de insistir en el mismo protocolo.

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Con tres fuentes que contrasto. La primera son escalas administradas de forma sistemática: PHQ-9 y GAD-7 cada dos o tres sesiones por su brevedad, BDI-II al inicio y en revisiones, SCL-90-R en admisión y alta para tener una foto general, y el instrumento específico del cuadro cuando procede. La segunda son los objetivos operativos que pactamos por escrito en el contrato terapéutico, redactados en conducta observable y no en estados internos. La tercera es el propio funcionamiento del paciente en su vida: asistencia al trabajo, retomar actividades abandonadas, calidad del sueño. En mi última etapa esto se tradujo en datos concretos: en depresión mayor leve-moderada, 48 casos, el 71 % alcanzó rango subclínico con PHQ-9 por debajo de 5 en una media de 14 sesiones; y la tasa de abandono del centro bajó del 34 % al 19 % en catorce meses tras introducir una llamada de seguimiento a las 72 horas de la primera cita.

Respuesta modelo

Llevé un caso de trastorno de ansiedad generalizada con un componente de dependencia importante en la relación de pareja. Trabajé casi cuatro meses con reestructuración y exposición, y el GAD-7 apenas bajó de 17 a 15. Al revisar la formulación en supervisión vi que había construido el caso alrededor del síntoma de ansiedad y había dejado fuera el consumo de alcohol vespertino, que la persona minimizaba y yo no había explorado con suficiente detalle. Reformulé, introduje registro de consumo, coordiné con su médica de atención primaria y derivé para valoración al dispositivo de adicciones del área, manteniendo yo la intervención sobre la evitación. A los tres meses el GAD-7 estaba en 8. Lo que me llevé fue un cambio de procedimiento: desde entonces incluyo cribado de consumo en todas las admisiones y reviso formulación de forma pautada si no hay movimiento en las escalas a las ocho sesiones.

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Derivo, y lo hago de forma explícita y documentada. Si detecto sintomatología psicótica activa, riesgo autolítico con planificación, un cuadro que requiere valoración farmacológica o un trastorno de la conducta alimentaria con compromiso somático, mi papel es la coordinación, no la retención del caso. En la práctica: valoro el riesgo con instrumento, informo al paciente de por qué considero necesaria otra intervención, contacto con atención primaria o con el dispositivo de salud mental del área, dejo constancia en la historia clínica y hago seguimiento de que la derivación se ha materializado, sin desaparecer del proceso mientras tanto. En mi última etapa gestioné 23 situaciones de riesgo autolítico con derivación en menos de 48 horas en todos los casos. También derivo por otro motivo menos comentado: cuando el caso exige una técnica en la que no tengo formación acreditada.

Respuesta modelo

Con tres medidas estables, no con buenas intenciones. Mantengo supervisión externa mensual de casos, con un profesional ajeno al centro, que además me sirve de control de calidad clínica. Participo en un grupo de intervisión quincenal con otras tres colegas, donde presentamos casos por turnos. Y limito la agenda: no supero las seis sesiones clínicas diarias ni las veintiocho semanales, dejo veinte minutos entre casos de alta carga emocional y bloqueo una franja fija para redacción de informes, que si no acaba invadiendo las tardes. He hecho además mi propio proceso terapéutico. Añado un detalle práctico: cuando llevo simultáneamente más de cuatro casos de trauma grave lo hablo con la coordinación del centro para reequilibrar asignaciones, porque la concentración de esos casos es lo que más rápido desgasta.

Son dos cosas distintas y ambas necesarias si ejerzo por cuenta propia. La inscripción en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios afecta a la persona: acredita que poseo una titulación sanitaria habilitante, en mi caso el Máster en Psicología General Sanitaria, y se nutre entre otras fuentes de los datos de colegiación. La autorización sanitaria afecta al espacio y a la actividad: la concede la consejería de sanidad de la comunidad autónoma tras comprobar que el local, el equipamiento y el profesional responsable cumplen los requisitos, y da lugar a la inscripción del centro en el registro autonómico de centros, servicios y establecimientos sanitarios, con la oferta asistencial que corresponde a una consulta de psicología. Sin la primera no puedo ejercer; sin la segunda no puede ejercerse en ese local, aunque yo esté habilitada. A ello se suma la colegiación obligatoria y el seguro de responsabilidad civil.

El tratamiento psicológico de elección es la exposición con prevención de respuesta, dentro de un marco cognitivo-conductual. Dedico las dos o tres primeras sesiones a evaluación y psicoeducación: entrevista clínica, Y-BOCS para establecer línea base y jerarquizar obsesiones y compulsiones, cribado de comorbilidad depresiva con BDI-II, y exploración de las acomodaciones familiares, que en TOC son determinantes y con frecuencia se pasan por alto. Después construyo con el paciente una jerarquía de situaciones con unidades subjetivas de ansiedad y explico el fundamento del procedimiento, porque la adherencia depende de que entienda por qué se le pide no ritualizar. A partir de ahí, exposición graduada con prevención de respuesta, primero en sesión y luego en tareas entre sesiones con registro, revisando Y-BOCS cada cuatro sesiones. Trabajo la implicación de la familia para retirar las acomodaciones de forma progresiva y pactada. Si hay ideación de contenido agresivo o sexual de tipo obsesivo, hago psicoeducación específica sobre la naturaleza egodistónica de esas intrusiones para evitar la búsqueda de reaseguro. Y si en unas doce sesiones no hay descenso apreciable en Y-BOCS, planteo coordinación con psiquiatría para valorar tratamiento combinado.

Para depresión utilizo el PHQ-9, de nueve ítems, con la lectura habitual de gravedad: de 5 a 9 sintomatología leve, de 10 a 14 moderada, de 15 a 19 moderadamente grave y de 20 en adelante grave; presto atención específica al ítem de ideación de muerte, que obliga a exploración directa del riesgo con independencia de la puntuación total. Complemento con BDI-II cuando necesito mayor detalle: hasta 13 mínima, de 14 a 19 leve, de 20 a 28 moderada y de 29 a 63 grave. Para ansiedad uso el GAD-7, con umbrales orientativos de 5 leve, 10 moderada y 15 grave, y con 10 como punto de corte razonable para sospechar trastorno de ansiedad generalizada. Para una panorámica sintomática general en admisión y alta empleo el SCL-90-R con sus nueve dimensiones e índices globales. Y siempre con la misma cautela: son instrumentos de cribado y seguimiento, no diagnósticos; el diagnóstico lo sostengo con entrevista clínica y criterios DSM-5-TR o CIE-11.

La Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, fija un mínimo de cinco años desde la fecha del alta de cada proceso asistencial, y algunas comunidades autónomas amplían ese plazo en su normativa propia; además, debe conservarse el tiempo necesario mientras subsistan fines judiciales o asistenciales. En la práctica, mi criterio es conservar el conjunto de la historia por encima del mínimo cuando hay procedimientos judiciales abiertos o previsibles, algo frecuente en casos de violencia o de familia. A eso se añaden las obligaciones del RGPD y de la LOPDGDD 3/2018: los datos de salud son categoría especial, de modo que mantengo registro de actividades de tratamiento, base jurídica documentada, consentimientos informados diferenciados para adultos y menores, almacenamiento cifrado con control de accesos y un procedimiento de respuesta ante solicitudes de acceso o de copia. El paciente tiene derecho de acceso a su historia, con el límite de las anotaciones subjetivas del profesional y de los datos de terceros.

La confidencialidad es la regla y su levantamiento es la excepción, siempre motivada y siempre documentada. Los supuestos que manejo son: riesgo grave e inminente para la vida o la integridad del propio paciente o de terceros, en el que debo actuar para evitar el daño activando el circuito asistencial o de emergencias; situaciones de desprotección, maltrato o abuso de personas menores de edad o de personas en situación de vulnerabilidad, con el deber reforzado de comunicación que la normativa de protección integral a la infancia impone a los profesionales; requerimiento judicial en forma, en el que aporto lo estrictamente solicitado y no la historia completa; y el consentimiento expreso del propio paciente. En todos los casos aplico tres cautelas: informo al paciente de lo que voy a hacer y por qué, salvo que hacerlo aumente el riesgo; comunico el mínimo de información necesaria para la finalidad; y dejo constancia escrita de la decisión y de su motivo. El código deontológico del Consejo General de la Psicología es el marco de referencia y conviene tenerlo presente, porque quien decide en esos momentos suele estar solo y con poco tiempo.

No inicio el tratamiento sin el consentimiento de ambos progenitores. Tratándose de una menor de 11 años, el consentimiento lo prestan por representación quienes ostentan la patria potestad, y salvo resolución judicial que atribuya esa decisión a uno solo, la asistencia psicológica requiere el acuerdo de los dos. Lo explico a la madre sin dramatizar y le ofrezco dos salidas: que aporte el consentimiento escrito del padre o la resolución judicial correspondiente, o bien una primera intervención de orientación dirigida a ella como progenitora, que no constituye tratamiento de la menor. Hay una excepción relevante que compruebo siempre: cuando existe un procedimiento penal iniciado contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física o moral, la libertad o la indemnidad sexual de los hijos, o una condena por esos hechos, basta el consentimiento del otro progenitor para la atención y asistencia psicológica de la menor; en ese caso pido la documentación acreditativa y la incorporo al expediente. Advierto además del riesgo de que el proceso terapéutico acabe utilizándose como prueba en el pleito, y dejo claro que mi función es asistencial y no pericial: si se necesita una pericial, debe encargarse a otro profesional.

No dejo salir al paciente sin haber cerrado un dispositivo de seguridad. Exploro el riesgo de forma directa y estructurada con la escala C-SSRS: ideación, plan, medios, intención, tentativas previas, consumo asociado y factores protectores. Con plan y medios disponibles, el nivel exige actuación inmediata: pido su consentimiento para contactar con una persona de apoyo y trabajo la restricción de acceso a los medios de forma concreta, no genérica. Si valoro riesgo inminente, activo el 112 o acompaño la derivación a urgencias hospitalarias, y si el paciente se niega y el riesgo es grave e inminente, la protección de la vida prevalece sobre la confidencialidad y actúo igualmente, informándole de ello. Antes de que se vaya, dejo cerrada una cita de seguimiento cercana, entrego por escrito los recursos disponibles, incluida la línea de atención a la conducta suicida 024, y registro en la historia clínica la valoración, la decisión y su motivación. El lunes verifico que la derivación se ha materializado, y no doy por hecho que ha ocurrido solo porque la indiqué.

Me niego, y le explico por qué de forma que no lo viva como un abandono. No puedo pronunciarme sobre una persona a la que no he explorado: hacerlo vulnera el código deontológico, carece de todo fundamento técnico y, además, un informe así se desmonta en sala en cuanto la otra parte lo señala, de modo que perjudicaría a quien me lo pide. Lo que sí puedo emitir es un informe clínico sobre mi propio paciente, ceñido a lo observado en el proceso asistencial: motivo de consulta, evaluación realizada, instrumentos aplicados, evolución y estado actual, sin inferencias sobre terceros ni valoraciones de idoneidad para la custodia. Y le indico la vía correcta: si necesita una valoración de la situación familiar, corresponde a una pericial psicológica encargada por el juzgado o aportada de parte, realizada por un perito distinto de su terapeuta, precisamente porque el rol asistencial y el pericial son incompatibles en el mismo caso.

Trato el problema como lo que es, un problema de capacidad, y llevo alternativas en lugar de una negativa. Primero cuantifico: demora media, primeras visitas semanales, sesiones por paciente y punto exacto donde se acumula el atasco, que en mi experiencia suele estar en los tratamientos que se prolongan sin objetivos revisados y no en las altas. Después propongo medidas con evidencia detrás: protocolos con número de sesiones definido y revisión pautada de objetivos, grupos de 8 sesiones para ansiedad o regulación emocional, que multiplican la capacidad con buenos resultados, un cribado telefónico de 15 minutos antes de la primera cita para orientar mejor la asignación, y recordatorios automáticos, que en mi último centro redujeron sensiblemente las ausencias. Lo que no acepto es acortar por debajo del tiempo que la intervención requiere: una sesión de exposición o una primera visita con exploración de riesgo no caben en treinta minutos, y una asistencia mal dimensionada acaba generando reconsultas y abandonos, es decir, más lista de espera dentro de tres meses.

Intervengo en el momento, de forma breve y sin exposición pública: reconduzco la conversación con algo tan simple como proponer seguirla en el despacho. Después lo hablo con él en privado, sin acusación, señalando el hecho concreto y su consecuencia, que la conversación era audible en un espacio compartido con pacientes y personal no asistencial. Si se repite, lo traslado a la coordinación del centro, porque deja de ser un desliz para ser un riesgo estructural con implicaciones deontológicas y de protección de datos. Y en paralelo propongo medidas que despersonalicen el problema: espacio y horario fijos para sesión clínica, norma explícita de no comentar casos en zonas comunes y uso de identificadores en lugar de nombres en las comunicaciones internas. Mi experiencia es que este tipo de fallos casi nunca se corrige apelando a la buena voluntad y sí cambiando el circuito.